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Nueva orden ministerial del Gobierno

La reválida de la ESO pasará de siete a cuatro asignaturas

El Gobierno simplifica las pruebas de Primaria y de la ESO, que se harán de forma muestral y sin efectos académicos en mayo y junio

REVISTA DE PRENSA • 19/04/2017

Los alumnos españoles de 6º de Primaria (11 y 12 años) y 4º de la ESO (15 y 16 años) tendrán que hacer evaluaciones finales durante los próximos meses de mayo y junio. No tienen efectos académicos, no sirven para titular y su objetivo es diagnosticar cómo está el sistema educativo. A pocas semanas de su realización, el Ministerio de Educación está volviendo a hacer cambios y las está simplificando hasta dejarlas en su mínima expresión, según se refleja en el proyecto de orden ministerial que detalla sus características al que ha tenido acceso EL MUNDO. Éstas son las principales novedades del borrador respecto a la normativa aprobada en abril y julio del año pasado:

1. Lo que entra

El real decreto de julio de 2016 obligaba a los alumnos a examinarse de siete materias en la prueba final de la ESO. Ahora van a ser algunas menos: un portavoz oficial del Ministerio explica en un correo electrónico que «se deben examinar de cuatro asignaturas: Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera, Matemáticas y Geografía e Historia». Además, en el caso de las regiones con lengua cooficial, «ésta formará parte de la prueba». ¿Por qué este cambio? Porque ha cambiado «la naturaleza de las pruebas», responde el portavoz. «En unas pruebas dirigidas a la obtención del título se requiere una mayor exhaustividad en cuanto al número de materias elegidas y la cantidad de contenidos curriculares implicados. Ahora que las pruebas tienen una finalidad diagnóstica, para alcanzarla no es necesario evaluar tantas materias ni abarcar un currículo tan amplio. Piénsese que las pruebas PISA, por ejemplo, se refieren únicamente a tres áreas competenciales». El borrador, de hecho, ya no habla de evaluar asignaturas, sino de valorar «competencias»: la matemática (que se obtiene a partir de la asignatura de Matemáticas), la lingüística (que se extrae de Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera y Lengua Cooficial) y la «social y cívica» (que se saca a partir de la materia de Geografía e Historia).

2. La muestra

Estas pruebas ya no serán censales, sino muestrales; es decir, no evaluarán a todo el mundo. El borrador no detalla cómo de grande debe de ser la muestra -sólo dice que «la selección de alumnos y centros será suficiente para obtener datos representativos»- y deja que los gobiernos autonómicos la determinen. El Consejo Escolar del Estado -máximo órgano consultivo del Gobierno en materia educativa- ve problemas a esta imprecisión. En un dictamen con 16 páginas de objeciones al que ha tenido acceso este periódico, pide al Gobierno que concrete el alcance de la muestra y le insta a «clarificar» si todas las autonomías van a utilizar los mismos parámetros «con el fin de establecer comparaciones homogéneas». ¿Qué dice de esto el Ministerio? «Las CCAA tendrán libertad para elegir el criterio muestral y por eso no se han definido los parámetros dentro de la orden».

El Consejo Escolar del Estado presenta objeciones en su dictamen al proyecto de orden ministerial

3. Las dispensas

El Consejo Escolar del Estado cuestiona que se pueda hacer un buen diagnóstico cuando la orden permite a las autonomías no incluir en la muestra a alumnos con necesidades educativas especiales y a estudiantes de integración tardía. Es otra de las novedades del borrador. El Consejo advierte que «el hecho de que las administraciones educativas puedan o no alterar el marco muestral de la evaluación excluyendo o no a determinados tipos de alumnado dificulta la comparación de los resultados» y «podría incidir negativamente en el establecimiento riguroso del diagnóstico».

El Ministerio opina que «no es necesario para evaluar la eficacia de un sistema» incluir a alumnos «que siguen programas educativos personalizados o individualizados».

4. Los profesores

José Ignacio Wert quería unas pruebas supervisadas por profesores ajenos a los centros, para que todo fuera lo más objetivo posible. El año pasado se celebró por primera vez la de Primaria y varias regiones -incluidas dos del PP- pusieron a profesores de dentro de los colegios a vigilar y revisar los exámenes, en contra del espíritu de la Lomce. El Ministerio les pidió explicaciones por escrito. Por eso es curioso que ahora diga que serán las CCAA las que «designarán al personal encargado de la aplicación y corrección de las pruebas» y que «preferentemente se designará a funcionarios [...] externos al centro». El Consejo Escolar dice que ese «preferentemente» abre la puerta a que no sean ni funcionarios ni docentes ajenos a los colegios. ¿Por qué se deja a las autonomías que escojan a los profesores? «En unas pruebas de carácter certificativo, quién aplica y corrige las pruebas es una cuestión consustancial a la validez de las mismas por cuanto se está otorgando un título que tiene su reflejo en el historial académico del alumno. Sin embargo, en unas pruebas diagnósticas estos requisitos no son necesarios y basta con que el profesorado, en la medida de lo posible, sea diferente al que imparte docencia al alumno», responde el Ministerio.

5. El reparto competencial

El Gobierno deja en manos de las autonomías el diseño y el contenido de la prueba de Primaria, que el año pasado se hizo de forma muy desigual según el territorio. En algunos lugares ni siquiera se hizo prueba física y los profesores se limitaron a hacer un informe sobre la competencia de los alumnos. Mario Gutiérrez, presidente nacional de Educación del sindicato CSIF, opina que, con el actual redactado de la orden, los resultados «no van a servir para comparar porque cada comunidad autónoma va a utilizar criterios distintos». Lo mismo piensa de la evaluación de la ESO: «Desnaturaliza la prueba nacional», sostiene. «El espíritu de la Lomce era que el Ministerio hiciera una prueba nacional de conocimientos para toda España. Ahora el abanico de posibilidades es tan grande que lo que salga de Madrid no va a ser igual que en Castilla-La Mancha. No van a poder hacerse comparaciones».

El borrador establece que el 80% de lo que entra en esta evaluación lo determine el Estado y el 20% restante lo completan las autonomías. El Consejo Escolar opina que debería ser el Gobierno el que definiera «en su integridad» el contenido de esta prueba. Ya hizo una recomendación parecida cuando Educación fijó los educaciones mínimos comunes para la nueva Selectividad.


Autora: Olga S. Martín, publicado por elmundo.es el 19/04/2017



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