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Pruebas del sistema educativo que levantan pasiones

EDUCACIÓN • 01/06/2016

Dando cumplimiento a lo establecido por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa  (LOMCE), tal y  como ha sido aplicada la misma en la Comunidad de Madrid por el Ejecutivo regional, nuestros alumnos hicieron del 10 al 13 de mayo las Pruebas de Evaluación de 3º y 6º de Primaria, las cuales no parecen haber dejado a nadie indiferente.

Como es sabido, desde que se conoció el contenido de la vigente Ley de Educación referido a las citadas pruebas, y especialmente en relación con la mal denominada ‘reválida’ de 6º PRI, no han cesado de conocerse críticas y opiniones a favor y en contra de las mismas esgrimidas por partidos políticos, gobiernos autónomos, instituciones, sindicatos de la enseñanza, profesores, directores de centros, padres y madres de alumnos, así como organizaciones que agrupan a unos y otros colectivos.

La polémica se acentuó a medida que se fueron aproximando las fechas de celebración de estos ‘exámenes de diagnóstico’ y se ha mantenido viva casi hasta el día de hoy. No en vano las evaluaciones se llevaron a cabo en un controvertido contexto político, nos encontramos en la actualidad en período pre-electoral y la educación, lamentablemente, sigue utilizándose como argumento político.




Llegados en la semana de referencia (del 9 al 15 de mayo) a un momento clave de la paulatina aplicación de la reforma educativa que propugna la conocida como ‘Ley Wert’, pudimos constatar el desigual trato recibido por los alumnos españoles de Primaria en función de la Comunidad Autónoma donde residen, al rebelarse contra las pruebas una docena de Gobiernos regionales que optaron por hacerla a su manera o por no hacerla en uno de los casos. De cualquier modo, el contenido de los exámenes los fijaron las propias comunidades autónomas y algunas, como Madrid, también introdujeron cuestiones en inglés. De esta forma, solo una minoría de estudiantes (un 29% del total de alumnos de 6º PRI matriculados en España), esto es, los residentes en Galicia, Castilla y León, Murcia y La Rioja, además de Madrid, realizaron las pruebas según fija la LOMCE, es decir, teniendo en cuenta todos los criterios establecidos por el Ministerio de Educación.

Entre las posturas hechas públicas por asociaciones de padres cabe destacar las que defienden que las evaluaciones se hacen con el trabajo diario y no con pruebas efectuadas por profesores ajenos a los centros y que solamente tienen contacto con los alumnos en la jornada del examen. Contrariamente a ello, las asociaciones de padres agrupadas en CONCAPA, confederación de madres y padres mayoritaria en la enseñanza concertada (con 2.000 centros asociados y cerca de tres millones de familias representadas), consideran imprescindible realizar la prueba de 6º de Primaria para tener indicadores a corto plazo que permitan valorar la efectividad de las medidas  que se aplican en los centros educativos y con el fin de identificar las dificultades de los alumnos y “ponerles remedio cuando aún se está a tiempo”.

En un extremo opuesto se ha situado CEAPA, la confederación que representa a las familias de los centros públicos (con 11.000 colegios y cuatro millones de familias asociadas), que propuso un boicot a la evaluación, para lo cual solicitó a los padres que no llevaran a sus hijos al colegio durante los días del examen (de 6º de Primaria).

También la mayoría de los partidos de la oposición y sindicatos y asociaciones de docentes se han mostrado contrarios a la realización de las pruebas, señalando asimismo que la evaluación de un niño de 11 o 12 años debe basarse en el trabajo diario y no en pruebas confeccionadas y corregidas por profesorado externo que desconoce cómo son y trabajan los alumnos.

Los defensores de las pruebas sostienen fundamentalmente, de manera similar a como lo hace CONCAPA, que  son muy útiles para detectar el bajo rendimiento de algunos alumnos y combatir el fracaso escolar.

El Gobierno, a su vez, afirma que la creación de estos exámenes responde a las recomendaciones de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en sus informes PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE), en los que los alumnos españoles vienen obteniendo de manera constante muy pobres resultados. También hay, a su vez, grandes detractores de dichos informes, aunque esta es ya harina de otro costal a analizar en otro momento.




El objetivo principal de las pruebas, según ha hecho público el Gobierno, es obtener información que permita tomar las decisiones más convenientes y adaptadas a las necesidades de cada alumno y colegio, de manera que se personalizarían los procesos educativos para lograr mejoras en el rendimiento de los alumnos.

También ha sido objeto de duras críticas, por otro lado, el cuestionario complementario al examen que los padres, los alumnos y los centros hemos tenido que responder y que, desde la óptica del Ministerio, pretenden contextualizar los resultados de las pruebas de manera que sirvan para conocer mejor la situación educativa de todo el país.

En disconformidad con ello, la Federación de Enseñanza de CC.OO. (FE-CC.OO) ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Central contra los ‘cuestionarios de contexto’ al entender que pueden vulnerar el derecho a la intimidad, la Ley de Protección de Datos, la Constitución Española o la Declaración de los Derechos del Niño.

Adicionalmente, los considera "irrespetuosos para con las familias, el alumnado, el profesorado, los equipos directivos y los centros educativos", pareciéndole una frivolidad al citado sindicato, por ejemplo, que los profesores o directores puedan ser "evaluados sumariamente" del 1 al 5 “con un par de sencillas preguntas” o que los alumnos de 11 años puedan opinar sobre la metodología de trabajo en el aula “en una edad en la que esa valoración es discutible".

A su vez, el Consejo Escolar del Estado aprobó el 20 de abril un dictamen en el que advertía de la necesidad de reforzar las garantías de anonimato de las pruebas y cuestionarios, mientras que la Federación de padres CEAPA  pidió por su parte a las familias que ni ellas ni sus hijos rellenasen los cuestionarios porque "vulneran el derecho a la intimidad de las familias y los derechos del menor", siendo el objetivo del Ministerio de Educación, desde el punto de vista de esa Federación, "segregar a las familias y al alumnado dependiendo de su situación económica, social, laboral, formativa y de su nacionalidad".

Otra espinosa cuestión objeto de enorme polémica ha ido y es la posible elaboración de ránkings por colegios con los resultados de estos exámenes, habiéndose comprometido el Ministerio de Educación a que los mismos no se hagan públicos. En teoría solamente se informará a cada centro de los resultados de sus alumnos y se pondrá en su conocimiento la media obtenida por el conjunto de estudiantes de la región para que le sirva de referencia. En cualquier caso, parece difícil controlar que las Comunidades Autónomas no den a conocer públicamente los datos o eviten que se filtren las notas medias obtenidas por los alumnos.




En este contexto de “desatado debate” en relación con evaluaciones y exámenes, en el pasado mes de abril la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) hizo público que un grupo significativo de colegios privados españoles ha superado a todos los países europeos, incluida Finlandia, y a los mejores de Asia, como Japón y Corea, en las pruebas PISA para Centros Educativos, “PISA for Schools”, a las que se sometió en el mes de febrero de 2016 y  a través de las que han comparado sus resultados con los obtenidos en la prueba internacional de 2012.

En la actualidad nos encontramos ante un período de aparente “tregua” en relación con las evaluaciones establecidas por la LOMCE y el propio desarrollo de la misma hasta tanto se celebren y conozcan los resultados de las elecciones del próximo 26 de junio, en función de los cuales sabremos si la Ley vigente tiene o no continuidad o si hay o no durante la próxima legislatura una voluntad real de todos los agentes implicados en trabajar para hacer realidad un deseable pacto educativo.

¿Cuál será el próximo capítulo?



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